A fin de fortalecer la protección laboral de mujeres embarazadas que trabajan en el sector público, particularmente policías y maestras, el diputado local de Morena, Jesús Elizondo Salazar, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Servicio Civil de Nuevo León.
La propuesta plantea modificaciones al artículo 24 de dicha legislación, ante la detección de prácticas administrativas que, sin derivar necesariamente en despidos, generan presión laboral o vulneran los derechos de las trabajadoras en etapa de gestación.
“El embarazo no puede ser un motivo de desventaja laboral, por el contrario, el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones seguras, especialmente en sectores donde las mujeres enfrentan mayores riesgos, como la educación y la seguridad pública”, señaló Elizondo Salazar.
Expuso que, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía citados en la iniciativa, entre el 17% y el 23% de las mujeres trabajadoras en México han experimentado algún tipo de discriminación relacionada con la maternidad.
En el ámbito público, más del 18% reporta haber enfrentado presión laboral durante el embarazo, añadió el diputado local de Morena.
Señaló que esta problemática se intensifica en sectores clave como la educación y la seguridad pública; en el caso de las maestras de nivel básico, enfrentan jornadas prolongadas de pie, atención a grupos numerosos y carencias en infraestructura para descanso o lactancia.
En tanto, las mujeres policías se ven expuestas a condiciones de alto riesgo físico, jornadas extendidas, uso de equipo táctico pesado y situaciones de estrés extremo, factores que pueden resultar incompatibles con el embarazo si no existe una adecuada reasignación de funciones.
Entre los puntos centrales de la reforma se incluye la prohibición de cambios arbitrarios en adscripción, funciones o responsabilidades que impliquen una carga laboral excesiva; así como medidas para evitar el hostigamiento o presiones destinadas a inducir la renuncia de las trabajadoras.
Asimismo, la iniciativa contempla garantizar el derecho de retorno al mismo puesto tras la licencia por maternidad, conservando salario y prestaciones, además de establecer la inamovilidad laboral, prohibiendo despidos o sanciones por motivos de embarazo.
