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Intendentes de escuela en CDMX ganan caso contra outsourcing

Treinta y cinco extrabajadoras de intendencia exigieron al Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México reconocer la relación laboral que mantuvieron hasta 2016, cuando fueron despedidas injustificadamente.

Sus protestas dieron resultados, pues recientemente la Junta de Conciliación y Arbitraje (JLCA) local ordenó a la institución basificarlas.

Aunque la sentencia significa un parteaguas contra la subcontratación, a Guadalupe Carrasco, una de las mujeres que encabezó la lucha por justicia, como a sus compañeras, les preocupa las condiciones en las que serían reinstaladas, ya que otras denuncias por salarios precarios y la carga de trabajo continúan en los planteles.

«Las mujeres y un extrabajador demandaron al IEMS en enero de 2016, cuando dejaron de recibir sus pagos argumentando que “nunca las contrató”, pese a que algunas tenían hasta 15 años trabajando directamente para la institución educativa en los planteles de Iztapalapa 2, los dos de la delegación Gustavo A. Madero, en el de Coyoacán y Tlalpan 1, esto durante el periodo que Ulises Lara, actual vocero de la Fiscalía capitalina, dirigió la institución.

Aunque en febrero de 2021 la JLCyA absolvió al instituto de la responsabilidad de reinstalar a las trabajadoras, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo les concedió un amparo, lo que obligó a la Junta local un nuevo laudo donde ordenó al IEMS reconocer la relación laboral y “resolver lo que proceda sobre las prestaciones reclamadas”.

Porfirio Martínez González, el abogado de las trabajadoras, también alertó que prevén retrasos para que el IEMS cumpla con la sentencia, pues aunque personal de la dirección no lo ha contactado de manera formal después de la resolución.

Martínez González recordó que desde el inicio del caso, tanto autoridades del IEMS como del Gobierno de la Ciudad de México han mostrado resistencia para atender las demandas de las trabajadoras, pues reconoce que van en contra del sistema de subcontratación que se legalizó en México en 2012, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

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