En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada local de Morena, Brenda Velázquez, llamó al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General de Justicia a fortalecer, ampliar y actualizar de manera urgente los programas de prevención y denuncia de violencia que afectan directamente a niñas y adolescentes en planteles de educación básica. Su exhorto busca frenar un problema que, según señaló, sigue generando riesgos, silencios y desigualdad dentro de los espacios educativos.
La legisladora explicó que, como parte de una campaña de apoyo para las estudiantes, puso en marcha la pinta de bardas con teléfonos de contacto directo en los alrededores de escuelas. Estas bardas funcionan como un mecanismo rápido y visible para que las alumnas puedan solicitar información, orientación y asesoría jurídica cuando lo necesiten. Además, destacó que esta acción responde a observaciones de Derechos Humanos y a testimonios de las propias estudiantes, quienes expresan que muchas veces no encuentran confianza dentro de sus centros educativos para pedir ayuda.

Velázquez advirtió que la violencia escolar se presenta de múltiples formas. Por ejemplo, señaló que la violencia psicológica continúa siendo frecuente e incluye insultos, humillaciones, amenazas y exclusión deliberada. Sin embargo, también recordó que la violencia física —como golpes y empujones— sigue ocurriendo en varios planteles. Agregó que la violencia sexual, aunque menos reportada, es especialmente grave porque deja secuelas emocionales y físicas permanentes que afectan la autoestima, el desarrollo académico y la seguridad emocional de niñas y adolescentes.
Por lo tanto, la diputada afirmó que la Fiscalía General de Justicia debe reforzar los procesos de recepción de denuncias. Indicó que es indispensable aplicar protocolos específicos que garanticen que los reportes realizados por menores de edad sean atendidos con seriedad, sensibilidad y sin revictimización. Subrayó que este enfoque es clave para proteger su integridad, sus derechos y su confianza en las instituciones.
Además, la legisladora recordó que la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado obliga a todas las instituciones educativas, según su artículo 1, a implementar políticas claras y efectivas bajo principios de cultura de paz, igualdad y derechos humanos. Enfatizó que esta base legal debe traducirse en acciones reales dentro de los planteles, especialmente en un momento en que la violencia escolar afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes.

