La muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, dio origen a una movilización social que promueve la denominada Ley Alberto.
Esta es una propuesta impulsada por organizaciones civiles, docentes y ciudadanos para revisar los protocolos institucionales en casos de denuncias contra personal educativo, con énfasis en la presunción de inocencia, el debido proceso y la protección de las víctimas.
La iniciativa es promovida por la organización Equidad y Justicia, en conjunto con docentes, colectivos y ciudadanos, bajo el lema “Por la verdad. Por la justicia. Por la vida”, con el propósito de impulsar cambios en la forma en que las instituciones educativas atienden las denuncias contra docentes.
De acuerdo con la información difundida por sus impulsores, la propuesta busca fortalecer el respeto a la presunción de inocencia durante las investigaciones, al considerar que las medidas preventivas aplicadas por las instituciones no deben interpretarse como una anticipación de culpabilidad antes de que concluyan las indagatorias correspondientes.
Entre los principales planteamientos de la denominada Ley Alberto se encuentra la revisión de los protocolos internos del IEMS y de otros centros educativos, con el objetivo de evitar que los retiros preventivos de funciones deriven en situaciones de hostigamiento laboral, afectaciones a la reputación o exposición pública de los docentes involucrados.
Asimismo, la propuesta plantea garantizar el debido proceso tanto para la persona denunciante como para la persona acusada, además de mantener mecanismos eficaces para proteger a quienes presenten denuncias legítimas.
Otro de los puntos contempla brindar acompañamiento psicológico y asesoría jurídica a ambas partes durante el desarrollo de las investigaciones, con el fin de asegurar condiciones de atención y respaldo mientras se esclarecen los hechos.
La iniciativa también propone establecer consecuencias para quienes interpongan denuncias deliberadamente falsas que ocasionen daños profesionales, familiares o personales a las personas señaladas.
Hasta el momento, la denominada Ley Alberto permanece como una propuesta impulsada desde la sociedad civil, con el objetivo de abrir el debate sobre los protocolos aplicados por las instituciones educativas en este tipo de casos y promover eventuales cambios en los procedimientos de atención a las denuncias.
