Organizaciones civiles que acompañan a víctimas del incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez manifestaron su preocupación por el nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). A su juicio, esta designación envía una señal negativa sobre el compromiso del Estado con la justicia y la rendición de cuentas.
En un posicionamiento público, las organizaciones, representadas por la Fundación para la Justicia, recordaron que Garduño continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Este proceso judicial deriva de su actuación como titular del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el incendio registrado el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron decenas de personas migrantes.
Las organizaciones señalaron que, mientras el proceso legal permanece abierto, su incorporación a un nuevo cargo federal resulta preocupante. Además, advirtieron que esta decisión puede interpretarse como una falta de sensibilidad institucional frente a las víctimas y sus familias. Por lo tanto, consideraron que el nombramiento debilita los principios de verdad, justicia y responsabilidad que deben guiar el actuar del servicio público.
Asimismo, los colectivos subrayaron que el nuevo encargo no está respaldado por una trayectoria acreditable en el ámbito educativo. Según expusieron, esta ausencia de experiencia refuerza la percepción de que el nombramiento responde a criterios políticos y no a principios de idoneidad profesional. Sin embargo, insistieron en que los cargos públicos deben asignarse con base en méritos comprobables y en el respeto a los derechos humanos.
Para las víctimas y sus familias, añadieron, la designación representa un agravio adicional. En su opinión, el acceso a un puesto federal no puede sustituir la justicia ni cerrar de manera anticipada procesos que siguen en curso. Además, advirtieron que este tipo de decisiones afecta la confianza ciudadana en las instituciones y en los mecanismos de responsabilidad administrativa y penal.
Finalmente, las organizaciones reiteraron su exigencia al gobierno federal para garantizar el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez y el acceso efectivo a la justicia.
