La Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó una de las reformas educativas más relevantes de los últimos años. El máximo tribunal del país avaló la medida impulsada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que otorga prioridad a los egresados de instituciones públicas de formación docente para ocupar plazas vacantes en el sistema educativo nacional.
Durante la sesión del pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, en el que se concluye que es constitucional dar trato preferente a quienes egresan de las Escuelas Normales públicas, la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio en los procesos de admisión al servicio público educativo.
El proyecto sostiene que esta prioridad persigue un fin legítimo y claramente definido. Por lo tanto, busca fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, como lo establece el artículo 3º de la Constitución. Además, señala que la medida es idónea y razonable, ya que se integra a la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales y a la política de revalorización del magisterio, sin exceder la libertad legislativa del Congreso en materia educativa.
Espinosa Betanzo subrayó que el trato preferente responde a la necesidad de consolidar a las normales públicas y reconocer al magisterio como un actor clave del proceso educativo. En este sentido, enfatizó que fortalecer, fortalecer la formación pedagógica es una condición necesaria para elevar la calidad del sistema educativo nacional.
Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aclaró que la prioridad no implica exclusión. Sin embargo, precisó que los aspirantes provenientes de otras instituciones pueden participar en los procesos de selección en igualdad de condiciones, siempre que cumplan con criterios objetivos de mérito, conocimientos y experiencia profesional.
Aguilar Ortiz añadió que esta política contribuye a garantizar la excelencia, la equidad y la inclusión en la educación pública. Además, permite asegurar que niñas, niños y adolescentes cuenten con docentes con formación pedagógica especializada, particularmente en comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad social.
