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Piden una mejor regulación de la enseñanza privada para reducir las desigualdades

En el mundo, 40% de los alumnos de pre-primaria, 20% de los de primaria y 30% de los de secundaria y terciaria acuden a establecimientos de enseñanza no estatales. Sin embargo, el nuevo Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) de la UNESCO muestra que muchos países carecen de reglamentación adecuada sobre la educación privada, o de la capacidad para hacerla cumplir, lo que socava la calidad y amplía la brecha educativa entre ricos y pobres.

El Informe analiza a actores no estatales de todos los sistemas educativos, desde escuelas gestionadas por organizaciones religiosas, ONG, entidades filantrópicas y entidades comerciales con ánimo de lucro, hasta a todos los que participan en la prestación de servicios al sector educativo. Muchos países permiten que estas escuelas, en su mayoría no registradas, funcionen sin ninguna supervisión.

El texto revela que solo el 27% de los países prohíbe explícitamente el lucro en las escuelas primarias y secundarias, lo que va en contra de la visión de 12 años de educación gratuita para todos. Más de la mitad de los países prohíben los procesos de selección de estudiantes en las escuelas. Solo el 7% de los países tienen cuotas que mejoran el acceso a las escuelas de las y los estudiantes desfavorecidos mediante iniciativas pensadas para ellos. Y solo la mitad tiene reglamentación sobre la enseñanza privada.

Por ello, los hogares de los países menos desarrollados dedican una cantidad desproporcionada de sus ingresos a la educación de los hijos. Los hogares representan el 39% del gasto en educación en los países de ingresos bajos y medios-bajos, frente al 16% en los países de ingresos altos.

El Informe, titulado ¿Quién elige? ¿Quién pierde?, demuestra que, al mismo tiempo, la educación pública en los países de ingresos bajos conlleva considerables costos ocultos. Un análisis de 15 países de ingresos bajos y medios muestra, por ejemplo, que los uniformes y el material escolar representan casi dos quintas partes del gasto educativo de los hogares.

Esto obliga al 8% de las familias de los países de ingresos bajos y medios a pedir dinero prestado para pagar la escolarización de sus hijos.

La UNESCO insta a los países a evaluar la reglamentación que tienen en vigor y presenta cinco recomendaciones para poner la equidad en el centro de sus acciones:

  1. Redoblar los esfuerzos para garantizar el acceso gratuito y financiado con fondos públicos a un año de educación preescolar y 12 años de educación primaria y secundaria para todos los niños y jóvenes. Sin embargo, uno de cada tres países dedica a la educación menos del 4% del producto interior bruto o menos del 15% de su gasto público total – los referentes mínimos acordados internacionalmente.
  2. Establecer estándares de calidad que se apliquen a todas las instituciones educativas estatales y no estatales, ya que los sistemas paralelos con diferentes expectativas, materiales y condiciones de trabajo tienen un efecto negativo en la construcción de un sistema de educación coherente para todo el alumnado.
  3. Reforzar la capacidad gubernamental para realizar el seguimiento de la reglamentación y hacerla cumplir. En la práctica, muchas reglas están mal diseñadas o se aplican de manera insuficiente, lo que deja la puerta abierta a la mala conducta. Los gobiernos deben establecer una relación de confianza con los proveedores no estatales, instando a que se registren, eliminando la arbitrariedad de las reglas y comunicándoles incentivos adecuados para que dirijan sus escuelas de forma eficaz en beneficio de las y los estudiantes.
  4. Fomentar la innovación para el bien común y reunir a todos los actores que la desarrollan. Los gobiernos deben trabajar en colaboración con todos los actores para aprender, recopilar y evaluar las buenas práctica y proporcionar recursos que les permitan intercambiar experiencias, y pilotar y ampliar las buenas ideas.
  5. Proteger a la educación de estrechos intereses privados. Mantener la transparencia e integridad de la educación pública ayuda a proteger a las y los estudiantes más desfavorecidos. 

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