Por Waldo Fernández

Durante los últimos 4 años el Gobierno Federal ha dispuesto de $232, 812, 200,000 como instrumento de control político mediante la asignación de esos recursos conocidos como Ramo 23, compuesto por Fondos como el de Pavimentación; Espacios Deportivos; Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios; Proyectos de Desarrollo Regional; Fondo de Cultura; Infraestructura Deportiva; Fortalecimiento Financiero etc… Estos recursos son operados de manera absolutamente discrecional y la mayoría de ellos se distribuyen al margen de principios objetivos de marginalidad, rezago, o equidad.

Chihuahua es el mejor ejemplo de que el Ramo 23 puede ser usado para castigar a quien se atreva a desafiar el poder del Gobierno Federal. El Gobernador Javier Corral denunció que producto de la investigación que su gobierno realiza en contra de miembros del PRI en ese estado que habrían desviado recursos a las campañas de ese partido, la Secretaría de Hacienda los “castigó” y no les hizo una transferencia por recursos de 700 millones al cierre del año pasado. Ese hecho no sólo devela lo podrido de nuestro sistema político sino que atenta contra una de nuestras bases como nación: El federalismo fiscal que establece el pacto de distribución de recursos públicos entre los Estados y el gobierno central.

Durante semanas el tema acabó en una disputa pública en donde la SHCP le contestó a Corral que Chihuahua recibió 43,056 millones de pesos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, lo que implicó 2,000 millones de pesos adicionales respecto al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, lo cual es cierto como también lo es que Chihuahua tiene derecho a esos fondos tal como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal, por tanto, no son un obsequio de la SHCP. Corral fue acusado además de orquestar una ofensiva mediática para distraer la atención de la crisis de inseguridad que se vive en su estado y favorecer con ello al candidato presidencial de su partido.

Finalmente, el asunto se “ha resuelto” y todo indica que Corral y el Gobierno Federal han llegado a un acuerdo, la SHCP depositará al gobierno de Chihuahua la cantidad retenida por la cual inició el problema.

Sin embargo el escándalo debe servir para emitir una alerta. El Ramo 23 debe de dejar de ser la caja fuerte que sólo se abre para los cómplices y los socios del Gobierno Federal. Chihuahua puede ser sólo la “punta del iceberg”, un modus operandi de financiar con dinero público la maquinaria electoral de todos los partidos.

Hay que buscar la forma de que la SHCP transparente los convenios que establece con los gobiernos locales y acabar con situaciones absurdas no sólo como la de Chihuahua sino como otras más surrealistas como la ocurrida en Lampazos de Naranjo, Nuevo León, que en los últimos cuatro años con una población de apenas 4,428 personas recibió 123 millones de pesos mientras que Mina uno de los municipios más pobres del estado y con una población similar recibió cero. Lo dicho, este ecosistema es tierra fértil para la corrupción, la componenda y sometimiento político.