La presidenta del Congreso de Nuevo León, Perla Villarreal Valdez, planteó una modificación integral a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, con el objetivo de establecer una ruta de protección para docentes y personal escolar que enfrenten amenazas, agresiones o acoso.
La legisladora señaló que los procedimientos actuales están enfocados principalmente en atender situaciones que afectan a estudiantes, por lo que la propuesta busca incorporar de manera expresa al personal docente, administrativo y de intendencia.
Durante una conferencia de prensa, Villarreal Valdez explicó que la iniciativa contempla establecer un proceso definido y las instancias a las que deberán acudir los trabajadores de las escuelas cuando sean víctimas de alguna situación de violencia, con el propósito de evitar que la atención dependa de mecanismos improvisados por parte de cada institución.
Entre las medidas propuestas se establece que las escuelas tendrán un plazo de 24 horas para evaluar el nivel de riesgo y determinar si es necesario implementar medidas de protección. Además, cuando los hechos puedan constituir un delito, deberán notificarse de inmediato a las autoridades competentes.
La propuesta también contempla una vía de atención en caso de que el director del plantel no atienda la situación o esté involucrado en los hechos. En esos casos, el personal afectado podrá acudir directamente ante la Secretaría de Educación.
“Lo que queremos es darle tranquilidad y seguridad al maestro y el objetivo es que maestras y maestros no tengan menos protección que sus estudiantes, y que la escuela sea un espacio seguro, tanto para quienes aprenden como para quienes enseñan”, explicó Villarreal Valdez.
La iniciativa plantea además que ninguna persona pueda recibir represalias laborales por denunciar una situación de acoso, amenaza o agresión. Las medidas de protección tampoco podrán afectar su salario, prestaciones o antigüedad.
En cuanto a un posible cambio de plantel, la propuesta establece que esta medida únicamente se ofrecerá cuando sea necesaria para proteger a la persona afectada y no podrá utilizarse como una forma de castigo.
Villarreal Valdez sostuvo que la modificación busca ampliar los mecanismos de protección dentro de las comunidades escolares para atender tanto las situaciones que afectan a estudiantes como aquellas que enfrentan quienes trabajan en los planteles educativos.
